MÉXICO DESARMADO

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MEXICO DESARMADO​

Resumen del libro​

Al día de la fecha las personas que deseen contar con un arma motivadas por la necesidad de proteger su seguridad están obligadas debido al inciso F del artículo 26 a acreditar esta necesidad ante la Secretaría de la Defensa Nacional, la institución más poderosa actualmente en México (más poderosa que el poder ejecutivo, me atrevo a decir). Lo que remarca esta sección de la ley es que, aunque se encuentren cubiertos todos los requisitos expresados en la misma, si para el criterio subjetivo y no objetivo y especificado en la ley de la Secretaría de Defensa Nacional el individuo no cumple con sus requisitos o sus motivos no resultan suficientes pueden rechazar la solicitud.

El rechazo de solicitudes de forma deliberada atraviesa a todos los ciudadanos por igual, ya que incluso encuentran dificultades a la hora de garantizar su seguridad aquellos funcionarios encargados de la seguridad pública (como policías, fiscales ministerios públicos, secretarios de fiscales o jueces) que se encuentran más expuestos a sufrir un ataque finalizada su jornada laboral. Esto sucede incluso cuando se encuentra contemplada la necesidad de portar armasdebido a la naturaleza de la ocupación del individuo, tal como lo indica el artículo 26 de la Ley Federal de Armas de Fuegos y Explosivos.

Pero, ¿en base a qué se justifican estas limitaciones? En México regulan la posesión y portación de armas la Presidencia de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaria de la Gobernación. El control de todas las armas en territorio nacional le corresponde al Presidente de la República mientras que el otorgamiento de licencias de posesión, como la venta y registro de armas de fuego le corresponde a la Secretaría de la Defensa Nacional.

Estas instituciones reguladoras son las responsables de las campañas educativas destinadas a reducir la posesión de armas de fuego y la secretaria de la Defensa Nacional es la institución que instaló el “Canje de Armas”, un programa que invita a los ciudadanos a acercarse a la institución militar más cercana para canjear sus armas por dinero u objetos de valor.

Considero estas campañas un atropello absoluto al derecho consagrado en el artículo 10 de la constitución, además de imprácticas… Un delincuente que ocupa su arma adquirida ilegalmente no va a entregarla a cambio de una despensa, puesto que es su herramienta de trabajo. Quienes acaban formando parte de una campaña de estas características es el ciudadano de a pie, quien es el más necesitado y la vez el más indefenso, ya que queda desarmado e indefenso a merced de unos cuantos mal vivientes que viven a costa de los que menos tienen. Este ciudadano será después robado y asesinado por el delincuente con el fin de robarle el poco dinero que le han dado por su arma o el cobro de su próxima quincena.

Otra vez más vemos como la Secretaría impone su criterio y en vez de crear campañas que fomenten el registro y uso correcto de millones de armas no registradas en este país, intimida y atemoriza a la ciudadanía que menos tiene. Los compra con una despensa y les quita el único elemento que puede proteger a ellos y sus familias de la histórica violencia generada y solapada desde el más alto nivel de gobierno del México (la cual ahora no saben cómo controlar)