_therion_
Miembro de la Vieja Guardia
Mitos sobre el uso de armas : Artículo del Dr. Ernesto Villanueva en Proceso
Compañeros les comparto la nota publicada en Proceso :
Mitos sobre el uso de armas
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Las armas de fuego no son el problema. Sí lo son su distribución, las políticas públicas puestas en marcha, la ignorancia, los prejuicios y el imaginario colectivo que permea al gobierno y a parte de la sociedad mexicana que ve el tema bajo una doble moral. Veamos en vías de ejemplo dos de los principales mitos que existen sobre este tema.
Primero. “La posesión y la portación de armas de fuego son un peligro para la sociedad, habida cuenta de que han causado muertes dentro de casas y en lugares públicos”. Esta afirmación es muy relativa. Curiosamente las incidencias de este tipo se dan tanto en Estados Unidos con una ley liberal que en México con una regulación muy restrictiva. En Estados Unidos, los accidentes ocasionados por el mal uso de las armas de fuego en los que se encuentran menores involucrados matan de 10 a 20 niños menores de cinco años anualmente, que es aproximadamente la misma cantidad de niños que mueren por la ingesta de suplementos de hierro recetados a las madres después del parto. Los menores de 16 años se encuentran 351 veces más propensos a ahogarse en sus propios domicilios debido a accidentes en las bañeras o en las albercas, que a morir por un accidente con arma de fuego.
Bajo el comentado argumento también deberían requerirse licencias para poseer bañeras y albercas, pues causan más muertes en menores que las armas de fuego, con la gran diferencia de que las bañeras y albercas no disminuyen los delitos. Adicionalmente puede afirmarse que son tan pocos los casos, que se vuelven noticia. Si, por el contrario, ocurrieran muy frecuentemente, dejarían de ser de interés periodístico.
Segundo. “Las campañas del gobierno consistentes en intercambiar armas de fuego por despensas constituyen un paso positivo para erradicar la violencia”. Lo anterior es totalmente falso, y paradójicamente pareciera una política auspiciada por el crimen, organizado o no. De entrada, como es lógico, tales campañas son un fracaso en lo que se refiere a resultados concretos, pero alimentan la idea de asociar armas de fuego con maldad, delito y muerte.
Paradójicamente, si dichas campañas fueran efectivas, generarían el efecto contrario al publicitado. Lo que harían sería facilitar el trabajo de los delincuentes para violentar la integridad, la vida y el patrimonio de las personas. A mayor indefensión de las familias, mayores son los riesgos de que sus integrantes sean asaltados, violados o asesinados. En contraparte, de acuerdo con la teoría del desplazamiento, un hogar con armas de fuego sería menos atractivo para los delincuentes que otro que careciera de todo medio de defensa. Es público y notorio que lo que no haga el ciudadano por sí mismo jamás lo van a hacer las fuerzas del orden, que son percibidas por la sociedad mexicana como no confiables y corruptas.
La Segunda Encuesta Nacional de Cultura Constitucional revela que para los mexicanos sólo el 10% de los policías hacen bien su trabajo. Peor aún, como puse en evidencia en el caso de Michoacán (Proceso 1906), la policía y el Ejército en muchas ocasiones son parte del problema, no de la solución. Por eso se explica que el 92% de todos los delitos cometidos no son denunciados o sobre ellos no se inicia una averiguación previa, siendo la principal causa el hecho de que la denuncia se considera pérdida de tiempo (33.1%), seguida de desconfianza en las autoridades (15%), según la encuesta citada.
Tercero. Si lo anterior es así, uno se preguntaría por qué no hace nada la sociedad. De entrada, habría que señalar que el posicionamiento de los mensajes gubernamentales en el imaginario colectivo se encuentra hoy firmemente arraigado en las valoraciones de los mexicanos. Tan fuertes son estos prejuicios que en muchos espacios académicos se niegan a discutir el tema. Buena parte de la comunidad no desea salir de su zona de confort y prefiere que alguien más se encargue. Otros no quieren “meterse en problemas”, es decir, evitan ser estigmatizados por otro sector de la comunidad.
De esta suerte, como en todo inicio, y particularmente en un país con ausencia de un estado de derecho, con altos índices de criminalidad y un acendrado reto para vencer la corrupción, la impunidad y la simulación, la estrategia para desmontar este estado de cosas es la del camino de aproximaciones sucesivas.
Hasta hace poco no había un grupo organizado para la defensa del artículo 10 constitucional, que protege el derecho humano a la posesión de armas de fuego y es fundamento para su eventual portación. En agosto del año pasado se iniciaron los trabajos para crear la Asociación por la Defensa del Artículo 10 Constitucional, A.C. (ADA10), que está integrada por tiradores, cazadores, académicos y ciudadanos interesados en la adquisición de armas de fuego para su legítima defensa. Tal asociación tiene como finalidad promover reformas al artículo 10 constitucional, y en especial a su Ley Reglamentaria, que permitan el mejor ejercicio del derecho humano a poseer y portar armas para la seguridad y legítima defensa. Asimismo, pretende elaborar y difundir documentos educativos, al igual que organizar conferencias y seminarios que permitan concientizar a la población sobre el uso responsable de las armas de fuego. Ese es el punto de partida que podría hacer la diferencia ante un pueblo que ahora se encuentra inerme.
evillanueva99@yahoo.com
Compañeros les comparto la nota publicada en Proceso :
Mitos sobre el uso de armas
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Las armas de fuego no son el problema. Sí lo son su distribución, las políticas públicas puestas en marcha, la ignorancia, los prejuicios y el imaginario colectivo que permea al gobierno y a parte de la sociedad mexicana que ve el tema bajo una doble moral. Veamos en vías de ejemplo dos de los principales mitos que existen sobre este tema.
Primero. “La posesión y la portación de armas de fuego son un peligro para la sociedad, habida cuenta de que han causado muertes dentro de casas y en lugares públicos”. Esta afirmación es muy relativa. Curiosamente las incidencias de este tipo se dan tanto en Estados Unidos con una ley liberal que en México con una regulación muy restrictiva. En Estados Unidos, los accidentes ocasionados por el mal uso de las armas de fuego en los que se encuentran menores involucrados matan de 10 a 20 niños menores de cinco años anualmente, que es aproximadamente la misma cantidad de niños que mueren por la ingesta de suplementos de hierro recetados a las madres después del parto. Los menores de 16 años se encuentran 351 veces más propensos a ahogarse en sus propios domicilios debido a accidentes en las bañeras o en las albercas, que a morir por un accidente con arma de fuego.
Bajo el comentado argumento también deberían requerirse licencias para poseer bañeras y albercas, pues causan más muertes en menores que las armas de fuego, con la gran diferencia de que las bañeras y albercas no disminuyen los delitos. Adicionalmente puede afirmarse que son tan pocos los casos, que se vuelven noticia. Si, por el contrario, ocurrieran muy frecuentemente, dejarían de ser de interés periodístico.
Segundo. “Las campañas del gobierno consistentes en intercambiar armas de fuego por despensas constituyen un paso positivo para erradicar la violencia”. Lo anterior es totalmente falso, y paradójicamente pareciera una política auspiciada por el crimen, organizado o no. De entrada, como es lógico, tales campañas son un fracaso en lo que se refiere a resultados concretos, pero alimentan la idea de asociar armas de fuego con maldad, delito y muerte.
Paradójicamente, si dichas campañas fueran efectivas, generarían el efecto contrario al publicitado. Lo que harían sería facilitar el trabajo de los delincuentes para violentar la integridad, la vida y el patrimonio de las personas. A mayor indefensión de las familias, mayores son los riesgos de que sus integrantes sean asaltados, violados o asesinados. En contraparte, de acuerdo con la teoría del desplazamiento, un hogar con armas de fuego sería menos atractivo para los delincuentes que otro que careciera de todo medio de defensa. Es público y notorio que lo que no haga el ciudadano por sí mismo jamás lo van a hacer las fuerzas del orden, que son percibidas por la sociedad mexicana como no confiables y corruptas.
La Segunda Encuesta Nacional de Cultura Constitucional revela que para los mexicanos sólo el 10% de los policías hacen bien su trabajo. Peor aún, como puse en evidencia en el caso de Michoacán (Proceso 1906), la policía y el Ejército en muchas ocasiones son parte del problema, no de la solución. Por eso se explica que el 92% de todos los delitos cometidos no son denunciados o sobre ellos no se inicia una averiguación previa, siendo la principal causa el hecho de que la denuncia se considera pérdida de tiempo (33.1%), seguida de desconfianza en las autoridades (15%), según la encuesta citada.
Tercero. Si lo anterior es así, uno se preguntaría por qué no hace nada la sociedad. De entrada, habría que señalar que el posicionamiento de los mensajes gubernamentales en el imaginario colectivo se encuentra hoy firmemente arraigado en las valoraciones de los mexicanos. Tan fuertes son estos prejuicios que en muchos espacios académicos se niegan a discutir el tema. Buena parte de la comunidad no desea salir de su zona de confort y prefiere que alguien más se encargue. Otros no quieren “meterse en problemas”, es decir, evitan ser estigmatizados por otro sector de la comunidad.
De esta suerte, como en todo inicio, y particularmente en un país con ausencia de un estado de derecho, con altos índices de criminalidad y un acendrado reto para vencer la corrupción, la impunidad y la simulación, la estrategia para desmontar este estado de cosas es la del camino de aproximaciones sucesivas.
Hasta hace poco no había un grupo organizado para la defensa del artículo 10 constitucional, que protege el derecho humano a la posesión de armas de fuego y es fundamento para su eventual portación. En agosto del año pasado se iniciaron los trabajos para crear la Asociación por la Defensa del Artículo 10 Constitucional, A.C. (ADA10), que está integrada por tiradores, cazadores, académicos y ciudadanos interesados en la adquisición de armas de fuego para su legítima defensa. Tal asociación tiene como finalidad promover reformas al artículo 10 constitucional, y en especial a su Ley Reglamentaria, que permitan el mejor ejercicio del derecho humano a poseer y portar armas para la seguridad y legítima defensa. Asimismo, pretende elaborar y difundir documentos educativos, al igual que organizar conferencias y seminarios que permitan concientizar a la población sobre el uso responsable de las armas de fuego. Ese es el punto de partida que podría hacer la diferencia ante un pueblo que ahora se encuentra inerme.
evillanueva99@yahoo.com