¡EL COLMO! César Duarte, gobernador de Chihuahua, será el encargado de la Fiscalía Anticorrupción.
Los diversos señalamientos por presuntos actos de corrupción han convertido al gobernador César Duarte Jáquez en uno de los temas “favoritos” de los candidatos a la gubernatura del estado. Incluso el alcalde con licencia de Ciudad Juárez y candidato por la coalición que encabeza el PRI, Enrique Serrano Escobar, se ha deslindado de su correligionario para no empañar su campaña.
Frente a esa realidad, el Congreso local aprobó este jueves la creación de la Fiscalía Especializada Anticorrupción, pero dependerá del Poder Ejecutivo, por lo tanto no tendrá autonomía.
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La iniciativa fue enviada por el mismo Duarte el pasado miércoles 6 y analizada por la Comisión de Justicia que preside la diputada Mayra Chávez Jiménez, líder del Comité Directivo Municipal del PRI en Ciudad Juárez.
En la exposición de motivos, los diputados afines destacaron que la corrupción “es un flagelo que lastima de manera amplia y dolosa al ciudadano, pues éste, cuando ejerce su voto, lo hace depositando su confianza en el servidor público que está eligiendo, así como espera que éste desarrolle y logre las propuestas que presente, y un punto medular para alcanzar esto es el rodearse de colaboradores que lleven a cabo el desempeño de sus funciones, lejos de la órbita de la corrupción, este mal de males que es el engendrador de otros muchos males dentro de la sociedad, a veces comparado con un cáncer que carcome las instituciones desde su interior hasta finalmente afectar en la esfera jurídica del gobernado”.
Añadieron: “La corrupción es un asunto que impone altos costos y significa un gran problema para el desarrollo nacional. En el ámbito de la economía, hay evidencia suficiente para sostener que gracias a la corrupción se incrementan los precios de bienes y servicios, por lo que a su vez éstos resultan de menor calidad”.
Asimismo, reconocieron que la corrupción no es un fenómeno aislado porque adopta múltiples formas de transgresión al estado de derecho; se constituye en la acción u omisión de un servidor público que abusa de su poder para favorecer intereses particulares a cambio de una recompensa o de su promesa; daña el interés público y no puede combatirse de manera eficaz si se persigue sólo a los individuos que han cometido faltas, por lo que se hace necesario “construir garantías y crear estrategias que permitan disminuir esas conductas”.
Subrayaron que en su iniciativa el gobernador propuso construir políticas adecuadas que fortalezcan las acciones en contra de “ese tipo de conductas cometidas por servidores públicos y particulares en afectación del interés público”, pese a que no se han aclarado los señalamientos que le han hecho diversos sectores, precisamente por ese tipo de conductas.
De acuerdo con el texto enviado por Duarte al Congreso local, la corrupción “afecta el presupuesto de las familias mexicanas, distorsiona la adecuada distribución del ingreso, disminuye la legitimidad de Estado y genera desigualdad y discriminación en el disfrute de los derechos humanos (…) Esta administración tiene el compromiso de reafirmar en todos los ámbitos la convicción para combatir la corrupción abatiendo toda práctica de impunidad”.
Y explica que con la creación de la Fiscalía Especializada Anticorrupción se da cumplimento a los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano. “Nos sumamos a este combate frontal a la corrupción y en aras de fortalecer la investigación y persecución de los delitos relacionados con hechos de corrupción”, apunta.
Los diputados, con excepción de la bancada del PAN, reformaron el artículo 122 de la Constitución Política del estado de Chihuahua que había sido derogado, así como la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, para dar paso a la nueva Fiscalía Especializada.
En tribuna, el diputado panista Rogelio Loya Luna señaló que su partido está contra esa reforma porque no le da autonomía al nuevo organismo y, por tanto, no abona a la persecución de los delitos que le atañen al Ejecutivo, además de que omite la legislación federal en esa materia.
Destacó que la iniciativa fue presentada por el gobernador y el titular de la Fiscalía dependerá de él, de manera que no hay una independencia real para combatir la corrupción.
Según Loya, quien forma parte de la Comisión de Justicia, no hubo tiempo suficiente para analizar a profundidad ese tema ni se dio oportunidad para consultarla con otros sectores, por lo que se diluyen los alcances de la reforma constitucional que dio origen al Sistema Nacional Anticorrupción.
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